UGT se compromete a luchar por los derechos laborales tras el despido
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La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos abordarán cada caso de despido 'tribunal a juzgado' para garantizar la aplicación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que se ha pronunciado en contra de la legislación española sobre inminentes despidos. Esta decisión es calificada por la organización como «histórica y justa».

José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de esta resolución del organismo europeo que vigila el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996. A pesar de su firma, la ratificación plena sólo se logró en 2021. .

La comisión, cuya resolución detallada se publicará el próximo mes, considera que la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos sin justificación y no proporciona un efecto disuasorio suficiente.

Arceiz criticó el sistema retributivo español, que fija 33 días de salario por año trabajado, señalando que tiene «carencias importantes» en términos de flexibilidad y disuasión. Según él, esto permite que un despido injustificado sea «previsible», ya que el importe de la indemnización puede calcularse con antelación, lo que no impide que los empresarios despidan.

El portavoz de UGT afirmó también que ha pasado demasiado tiempo desde el despido de un empleado para que se resuelva su caso, lo que ha afectado a la recuperación salarial desde la reforma laboral de 2012.

Se ha debatido si la resolución de la comisión es vinculante para el Estado español. Mientras Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, calificó la propuesta de “consultiva”, Arceiz defendió su obligación, argumentando que el Gobierno no puede ignorar las obligaciones internacionales.

Arceiz instó al gobierno a reformar urgentemente la legislación laboral, pidiendo cambios que permitan a los tribunales adaptar la compensación al “daño real” sufrido por los trabajadores. También propuso abolir los límites de compensación, fomentar la vuelta al trabajo y garantizar una mediación judicial más rápida para la recuperación salarial.

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