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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una etapa compleja, marcada por investigaciones legislativas y judiciales que han puesto en la mira a varios altos funcionarios. Uno de los actores centrales de esta situación es Gilberth Alfaro, director jurídico de la institución, quien recientemente brindó declaraciones ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la CCSS.
Durante su comparecencia, Alfaro destacó que la suspendida Presidenta Ejecutiva, Marta Esquivel, le aseguró que no era necesaria su presencia en las reuniones del Consejo Directivo. Esta decisión, según el funcionario, marcó un antes y un después en la dinámica de este órgano colegiado y coincidió con una serie de medidas que han sido duramente criticadas, como la suspensión del portafolio de inversiones de la institución.
Alfaro señaló que la exclusión de las sesiones no sólo afectó la toma de decisiones en temas de inversión, sino que también provocó problemas en el funcionamiento regular del Directorio. Según su testimonio, la falta de un criterio legal constante permitió que se utilizara la figura del «funcionario de facto» para garantizar el quórum en las reuniones. Este mecanismo, que no ha sido utilizado anteriormente por el Consejo Directivo, consiste en convocar a un funcionario de la institución para que asuma temporalmente el cargo de director.
El Director Jurídico explicó que si bien ese no era su criterio original para implementar esta figura, el Ministerio Público establece que en casos excepcionales se podrán convocar órganos colegiados de esta manera. Además, citó el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que define al «servidor público de hecho» como aquel que ejerce un cargo público sin investidura válida, pero cuya actuación en situaciones de emergencia está autorizada para asegurar la continuidad del cargo. Servicio para garantizar. audiencia.
Uno de los momentos más tensos de la actuación ocurrió cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, le consultó sobre la decisión de suspender la cartera de inversiones de la CCSS. Según el Director Jurídico, esta medida se tomó poco después de su exclusión de las reuniones de la Junta Directiva, lo que generó interrogantes para algunos legisladores sobre la transparencia y el proceso de deliberación detrás de esta decisión.
Por otra parte, Alfaro también habló sobre la auditoría realizada a los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), administrados por cuatro cooperativas y un colegio de médicos. Esta revisión se realizó como parte de la investigación conocida como “Caso Barrenador”, liderada por el Ministerio Público. El funcionario reconoció que antes de que la gestión del EBAIS fuera asignada a las cooperativas no se había establecido ningún criterio jurídico fundamental, lo que pone en duda la legalidad y justificación de estas decisiones.
Como parte de la sesión, otros legisladores plantearon preguntas sobre diversos temas relacionados con la administración de la CCSS. Paulina Ramírez, diputada del Partido de Liberación Nacional (PLN), expresó su preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo Hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades deben evaluar si el contrato será transferido a otra empresa, además de establecer procedimientos para determinar las responsabilidades de la empresa inicialmente adjudicada.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la derogación de la norma de subcontratación, que regula la subcontratación de servicios de salud. Según Vargas, tener lineamientos claros en esta materia es fundamental para asegurar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia en los contratos con terceros.
Ante estas preocupaciones, Alfaro señaló que no está claro si la CCSS ha estructurado una gestión para abordar estos temas, lo que dificulta contar con criterios sólidos en la toma de decisiones. En este contexto, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de seguimiento y planificación para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
La comparecencia también expuso tensiones internas dentro de la CCSS y diferencias de criterio entre funcionarios y legisladores. Mientras algunos parlamentarios creen que las medidas adoptadas por la institución carecen de base técnica y jurídica, otros sugieren que la falta de claridad en los procedimientos podría estar relacionada con problemas estructurales más profundos.
Finalmente, Alfaro destacó que la reciente reunión del Consejo de la CCSS, realizada un sábado de julio, planteó temas estructurales, entre ellos la gestión del EBAIS y su relación con las cooperativas médicas. Según el funcionario, estos debates son cruciales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la institución, pero requieren de mayor coordinación y transparencia para disipar dudas en torno a la gobernabilidad.
La situación actual de la CCSS refleja un panorama complejo, en el que decisiones administrativas y cuestiones jurídicas han creado un clima de incertidumbre, tanto en la institución como en la opinión pública. Las investigaciones en curso, tanto legislativas como judiciales, serán decisivas para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos y asegurar la continuidad de la atención de salud en medio de esta crisis institucional.
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