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Las pequeñas y medianas empresas, representadas por la organización empresarial Cepyme, han hecho oír su voz contra la “intervención” y la “sobrerregulación” del gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios leyeron un manifiesto «por la libertad empresarial» en el que expresaron su compromiso y preocupación por las políticas que afectan las relaciones comerciales. El acto contó con el Congreso de Representantes del Gobierno al que asistió José Luis Escrivá, aunque también participaron el alcalde de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La ley fue rechazada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Cuerva denunció en su discurso que las medidas del Gobierno suponen un ataque injusto y lesivo a los derechos de las empresas y del país, citando el artículo 38 de la Constitución española que garantiza la libre constitución de la empresa.
El Manifiesto de las Pymes españolas por la Libertad de Emprendimiento destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe traspasar para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas y evitar coacciones y obstáculos en su desarrollo. En definitiva, defienden la libertad empresarial y se oponen al intervencionismo y a la estigmatización del emprendedor. Cepyme desafía a las empresas a obtener beneficios bajo un entorno regulatorio más justo.
Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron «la dignidad y la libertad empresarial». Según Cuerva, «la situación ha sido comunicada oficialmente al gobierno».
La sobrecarga de legislación y la intervención en cuestiones como salarios e impuestos han afectado el buen funcionamiento de las empresas. “Exigimos que se corrija esta situación”, afirmó Cuerva.
Valor corporativo, costos y control político
Los empleadores están trabajando estrechamente con los sindicatos en importantes reformas y negociaciones colectivas. Acusan al gobierno de intentar romper el equilibrio interno de los acuerdos sociales, citando informes sobre horarios de trabajo e injusticias en el lugar de trabajo.
Critican el hecho de que el diálogo social se haya utilizado con fines políticos en los últimos años en lugar de perseguir el bien común. Las tensiones actuales en la mesa del diálogo social coinciden con la implementación de reformas. “Pedimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas”, exigen. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando proteger el diálogo social y la negociación colectiva y exigiendo mayor responsabilidad al gobierno.
«Pedimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas».
Los empresarios creen que el gobierno les está imponiendo una política de aumento de costos y de gasto burocrático, fiscal y social. Además, confirman que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del emprendimiento, basado en la búsqueda de ganancias y éxito. Justifican el papel de las empresas en la sociedad y la economía.
Se pidió a Díaz que proporcionara un análisis adecuado de la productividad, los costos laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por las reformas laborales. «Hay una intromisión política en la realidad del tejido productivo español», critican. “Pedimos a los afectados que no tomen decisiones que tengan un impacto directo en la productividad y el funcionamiento de muchas empresas”.
Control, sobrerregulación y rigidez
Critican al gobierno por implementar “medidas de control, supervisión y sanciones” que reflejan una falta de confianza en el cumplimiento de las regulaciones por parte de las empresas. Observan un aumento del intervencionismo a través de normas, registros y planes de eficiencia energética que aumentan la carga burocrática.
“Pedimos que se limite la influencia del gobierno en el funcionamiento y organización interna de las empresas y se garantice su flexibilidad. Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos adecuadamente será un error costoso para todos los ciudadanos españoles”, afirman.
Este punto abarca varios aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costos laborales, la ampliación de las causas de despidos y las intervenciones salariales, incluido el salario mínimo, y la reducción de los costos laborales en los últimos años. “La intervención en el funcionamiento interno de las empresas desde el nivel gubernamental viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de responder a un entorno en constante cambio”, concluyen.
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