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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó un resumen de más de 200 expedientes que aún esperan resolución por parte del departamento especializado en militancia política. Estos casos, que se vienen acumulando desde hace varios años, se encuentran paralizados producto de una acción de inconstitucionalidad que mantuvo en vilo a las autoridades encargadas de atenderlos hasta que la Sala Constitucional concluyó su análisis.
Entre las denuncias pendientes están las interpuestas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta beligerancia política. Estas denuncias, que datan del año anterior, incluyen una presentada por el Partido Liberación Nacional (PLN) y otra por el Partido Acción Ciudadana (PAC). Miguel Guillén, secretario general del PLN, se dirigió al TSE para expresar su preocupación por el retraso en la resolución de estos casos, subrayando la importancia de una sentencia oportuna en este tipo de casos.
Por su parte, Rodrigo Chaves ha aprovechado sus intervenciones públicas para criticar a los principales partidos de la oposición, entre ellos el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), alegando actos de corrupción entre sus dirigentes. . Esto ha generado tensiones políticas que, además de las quejas en curso, reflejan un panorama político polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Denuncias acumuladas desde 2019
Según Andréi Cambronero, jefe de Abogados del TSE, los casos pendientes comenzaron a acumularse desde 2019. Durante dos procesos electorales –las elecciones nacionales de 2022 y las elecciones municipales de 2024– las denuncias continuaron llegando a la sala especializada de la Corte sin ser resueltas debido a la acción inconstitucional que bloqueaba su avance.
Si bien el departamento especializado continuó recibiendo denuncias durante este período, no pudo emitir resoluciones hasta mediados de este año, cuando la Sala Constitucional finalmente se pronunció sobre el asunto. Inicialmente, los magistrados rechazaron el recurso de inconstitucionalidad por fallas formales en su redacción, lo que obligó a los demandantes a reconsiderarlo. Meses después, tras otro intento, la acción fue reconocida y resuelta, permitiendo al TSE retomar sus funciones en el asunto.
Los activistas que interpusieron el caso de inconstitucionalidad cuestionaron cuatro artículos del reglamento del departamento especializado del TSE, alegando que dichas disposiciones eran contrarias a la Constitución. Sin embargo, en la votación 2024-0023861, la Sala Constitucional concluyó que no existe inconstitucionalidad en dicha normativa. Según los magistrados, el TSE tiene plena competencia para reglamentar su función electoral, según lo establecido en el artículo 10 de la Constitución Política y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Jurisdicción exclusiva del TSE
El juez de instrucción Jorge Araya fue enfático al señalar que la organización y regulación de los procesos electorales son competencia exclusiva del TSE. En su resolución aclaró que las disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de su función electoral no pueden ser objeto de decisión constitucional.
“Se considera que la formación y regulación de estos procesos es competencia exclusiva del TSE en el ejercicio de su función electoral. Según el artículo 10 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no existe acción constitucional contra las disposiciones del TSE respecto del ejercicio de la función electoral”, explicó Araya.
Pese a la resolución de la Sala Constitucional, el texto íntegro del fallo aún está pendiente de publicación, lo que permite conocer en detalle los fundamentos de la decisión y el alcance de las normas bajo las cuales funcionará a partir de ahora el departamento especializado del TSE. . en. .
Denuncias contra el presidente Chaves
Entre los expedientes pendientes destacan las denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves interpuestas por el PLN y el PAC por presunta beligerancia política. Estas acusaciones han provocado un amplio debate ya que, de tener éxito, el TSE tendría que remitir el asunto a la Asamblea Legislativa, que sería responsable de determinar los próximos pasos.
Las denuncias se refieren a declaraciones públicas de Chávez en las que utilizó su cargo para atacar a los partidos de oposición y a sus dirigentes y atribuirles actos de corrupción. Estas acciones pueden interpretarse como una violación de las normas que regulan la neutralidad política de los funcionarios públicos, especialmente en el contexto de procesos electorales.
El avance de estos esfuerzos será crucial para determinar el impacto político de las acusaciones contra el Presidente y la posible respuesta de las partes involucradas, quienes han enfatizado la necesidad de garantizar imparcialidad y transparencia en los procesos electorales.
Un panorama político tenso
La demora en resolver los casos de militancia política ha acentuado las tensiones en el panorama político nacional. Con las elecciones presidenciales de 2026 a la vista, los partidos de oposición y el oficialismo mantienen un clima de confrontación que podría intensificarse a medida que avancen los procesos en el TSE.
La resolución de los expedientes recopilados desde 2019 será decisiva no solo para definir posibles sanciones o medidas correctivas, sino también para sentar precedentes en la regulación del comportamiento político de los actores públicos. En este contexto, el TSE enfrenta el desafío de asegurar que sus acciones sean percibidas como imparciales y acordes con la Constitución, en un momento en que la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática.
Actualmente, el TSE continúa trabajando en los expedientes recabados y en la implementación de las disposiciones aclaradas por la Sala Constitucional. La publicación del fallo completo permitirá conocer con más detalle las implicaciones de la decisión y los pasos a seguir en los casos más relevantes, como las denuncias contra el presidente Chaves.
Este proceso marca un punto crucial para el sistema electoral costarricense, que debe demostrar su capacidad para resolver conflictos políticos de manera justa y transparente, en un entorno donde la polarización y las recriminaciones cruzadas parecen ser la norma.
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