Se le preguntará por el destino de casi 8 millones de euros de fondos destinados al arbitraje
Alejandro Abascal, instructor del juez del ‘caso Soule’ en el que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha coincidido en citar como investigados el próximo 3 de abril a Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó, expresidente y exsecretario general del Comité Técnico de Árbitros (CTA) .
La decisión avanzada, por Vozpopuli y que ha sido confirmada en fuentes jurídicas por Europa Press, llega después que la Sala de lo Penal ordenará al magistrado que volviera a tomar declaración en calidad de investigado a Villar y que llamara también a Sánchez Arminio — ex jefe de José María Enríquez Negreira– ya Massó por un presunto desvío de fondos de casi ocho millones de euros.
La imputación de Sánchez Arminio, que fue árbitro en La Liga, se produce desde que la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de la Fiscalía, acogiera el recurso de LaLiga contra la decisión de Abascal de mantener a ambos como testigos en ‘Soul’.
En la resolución de la Sala, conocida este martes, señaló que procedió a tomarles declaración como investigados, «sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos índices son imputables a las personas cuya declaración solicita la Liga».
INDICACIONES RACIONALES Y SUFICIENTES
Para la Sala, el hecho de que ya hayan declarado de antemano como testigos no es óbice para su posterior cambio de condición, pasando a ser investigados. «No es sino la existencia or no de indicios racionales y suficientes de criminalidad lo que ha de determinar si la solicitud de incorporación de las personas citadas como investigaciónigas debe o no atender».
El auto, fechado el pasado 13 de marzo, recogía los argumentos de La Liga, que denunciaba que de las diligencias practicadas derivaba «la existencia de un nutrido volumen de pagos manifiestamente ajenos» a las multas convencionales para los que La Liga aportaba determinados fondos en la RFEF.
Indicó que estas cuentas se elevarán en virtud de un ‘Acuerdo arbitral de referencia a la aplicación del posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la Liga a la RFEF’. Y ponía el foco en que ese acuerdo era «alcanzado y documentado por personas sin atribución ni competente alguna para ellos.
Apuntaba además que esa actuación se hizo «a espaldas» de La Liga, de forma que los que eran a la fecha de los hechos presidente y secretario del CTA (Sánchez Arminio y Massó) «prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas» con fondos de LaLiga. «Gastos completamente ajenos al fútbol profesional, alterándose así el destino de los entregados por la Liga a la RFEF», añadía La Liga.
LOS FONDOS DE LAS QUINIELAS
El Ministerio Público, en su escrito interesando la imputación de Sánchez Arminio, explicó que La Liga percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendada a la Comisión de Seguimiento en la Participación de las Quinielas Deportivas, dependiente del Consejo Superior de Deporte (CSD), sin perjuicio de las funciones de control financiero realizadas por la Intervención General la Administración del Estado (IGAE).
Y que una de las obligaciones establecidas mediante acuerdo de la citada comisión a del ejercicio 2004/2005 est que esa portación de dinero público destinada a sufragar el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol, y que cualquier El tipo de obligación de sufragar mediante ese remanente requerirá la previa comunicación y acuerdo favorable de la citada comisión.
Así, se realizarán los acuerdos de coordinación entre LaLiga y la RFEF, en cuya virtud, lo primero que se hará es entrar en los puertos de la RFEF, asumiendo esta última su gestión, sin contrarestación alguna.
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El coche de la Sala Segunda recogía también que el fiscal apuntó que los periciales practicados en las actuaciones concluyen que les portaciones realizadas por La Liga correspondientes a los honorarios arbitrales exceso de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin.
“Y de lo instruido se déprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el presidente como el secretario técnico de la CTA”, concluye el Ministerio Público.
