En esta clase de fraude electoral, los compradores y los vendedores serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o con una multa de 12 a 24 meses
A pocos días de que los españoles acudan a las urnas para elegir a los candidatos que quieren que les gobiernen los próximos cuatro años en sus municipios y comunidades autónomas, algunos ciudadanos apuran para hacer negocios con sus papeletas. Estos mercaderes del sufragio se aprovechan de aquellos que se empadronaron tarde o mal y de quienes, por la causa ideológica, están dispuestos a pagar para que su partido reciba un apoyo más.
En Melilla, la Policía Nacional investigó entre 30 y 50 sospechosos de formar parte de una red de fraude electoral. Estos iban presumiblemente el voto por correo de ciudadanos a los que les pagarían entre 50 et 200 euros para amañar los comicios autonómicos. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, ha concluido varios usuarios de fondo de pantalla y Milanuncios que se ofreció a votar presencialmente lo que se sabe indican los clientes tienen un cambio en la remuneración que va desde 20 hasta millas de euros.
«Se acercan las elecciones autonómicas y municipales y ofrecerrezco a qué partido debería votar y me comprometería a hacerlo. Sería para las elecciones autonómicas de Madrid y municipio de voto Colmenar Viejo», detalla un usuario de Milanuncios que valora su voto en 20 euros. Al preguntarle cómo pretender certificar que escoge el sobre elegido por el ‘cliente’, esclarece: «Te garantiezo que voto al que me digas, puedo hacerte un vídeo. No me produzco el más mínimo interesado en estafarte. No tengo previsto ir a Colmenar, solo para votar. Vivo tiene 10 kilómetros de allí e iría a votar personalmente».
Cuando se le pregunta por cómo habría que pagar el servicio, propongo varias opciones. Compañarle a esta localidad del norte de Madrid, para entregarle allí el dinero y el sobre que vaya a introducir en la urna, o, «si por distancia no puede ser», pediría una transferencia.
Otras ofertas de votos no son tan económicas como esta. Otra usuaria de la misma plataforma de compraventa de segunda mano que traspasa su voto para las elecciones autonómicas y para las próximas elecciones generales invita a los interesados a sugerir un precio. 10 euros a ella no le parecen suficientes. O bromo. Mínimo tiene que haber cuatro cifras, los primeros ladrones son los políticos.justification, para luego tasar su papeleta en «9.000 [euros] en mano».
Esta práctica puede tentar a una parte de la España abstencionista. En las generales de abril de 2019 se quedó en casa prácticamente el 25% del censo y en su repetición de noviembre el porcentaje subó al 30% de los votantes. Desde la Junta Electoral Central aclaran que la venta de votos es «un tema recurrente en todas las elecciones Eres un delito» que conllevaría una condena penal, es que se trata de un fraude electoral.
Pero también la compra tendrá consecuencias. Según la ley electoral, «quienes por medio de reward, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, solicitan directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención», serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o con una multa de 12 a 24 meses.
El abogado penalista Marco Esteban, director del despacho Esteban Abogados Penalistas, escucha que el artículo 146.1 se refiere a «tanto a vendedores como a compradores, porque ‘algún elector’ puede ser la persona que vende el voto» y que induce a que el indica tenga que lista elegir. Asimismo, expresa que se trata de «un delito perseguido de oficio por la Policía Nacional o la Fiscalía, a través de una investigación, sin necesidad de que haya una denuncia particular» para albergar un procedimiento judicial.
El papel de las tarimas de compraventa
Desde Wallapop, donde apareció el anuncio de un usuario que ofrece su voto por 300 euros en Palma de Mallorca, indican que cuentan con una Equipo de confianza y seguridad (confianza y seguridad), que monitorea la actividad en la plataforma. Este departamento, que supone el 6% de su plantilla, analiza la actividad de los perfiles que publicitan estos artículos.
“Si la plataforma tiene conocimiento de lo que está publicitando un delito, tendrá que borrar el anuncio”, recuerda Marco Esteban. De esta manera, en Wallapop aseguran que «el 90% de los anuncios de artículos no permitidos son eliminados antes de que lleguen a ser públicos en el catálogo». Este anuncio de venta de voto fue restringido este viernes.
Desde la plataforma sostienen que «los filtros de publicación se actualizan diariamente y, ante ciertos productos que necesitan una revisión más cuidadosa, el equipo de moderación comprueba que cumple las normas comunitarias de forma manual«. Milanuncios, por su parte, no ha respondido a las consultas de este periódico. «El que tiene la responsabilidades es el que pone el anuncio», sentencia Marco Esteban.
