Los abogados de los 30 acusados alegaron que se han vulnerado sus derechos y la fiscalía lo niega. La sala debe resolver sobre la validación de estas pruebas, las principales de la causa
Las defensas de los 30 acusados de pertenecer a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas fr Badajoz han solicitado que se anulen las escuchas telefonicas y registros domiciliariosal considerar que se han vulnerado sus derechos basicos y se les ha causado indefension. Lo hizó ayer Durante el trámite de cuestiones previas en la primera sesion del macrojuicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Provincial. Ahora es la sala la que debe resolver sobre la validación o no de estas pruebas, en las que sustenta la causa contra los investigadosque fueron detenidos por la Policía Nacional en diciembre de 2018 en un operativo llevado a cabo en la barriada pacense del Cerro de Reyes.
The fiscalía, que además de los delitos de tráfico de rogas y pertenencia a criminal organization, les imputa los del blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, solicita para ellos penas de prisión de entre 6 y 24 años, así como el pago de multas los millonarios Por su parte, las defensas, que niegan las sospechas, piden su absoluciónen caso de que no sean esperadas las nullidades plantadas.
Los abogados de los procesados alegan que el auto que autorizó la primera intervención telefónica a uno de los implicados es “nulo de pleno derecho”, pues responde a un oficio de la Policía Nacional que basado en «meras sospechas» y no en índices ni en una investigación «extensa». De este primer auto derivaron los siguientes para proseguir y ampliar las escuchas, por lo que entienden que todos deben quedar anulados.
En cuanto a las entradas y registrosque se practica en 15 domicilios, las defensas argumentan que deben declarar nulos, además de porque derivando en un «99%» de estas intervenciones telefónicascerdo»no está suficientemente motivado» y porque en algunos casos se han llevado a cabo en viviendas que no se ha acreditado que sean propiedad de los investigados y sin que estos, pese a estar ya detenidos, estuvieran presentes en los mismos, como exige la ley.
«El procedimiento está viciado y hay un problema de indefensión desde el principio», confirmó José Duarte, abogado de 21 de los 30 acusados, entre ellos los que la Policía Nacional y la fiscalía consideran los ‘cabecillas’ del clan. En este sentido, dije que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, para que se presente un recurso de amparo, que dicta que la primera toma de declaración en sede legal y el acuerdo de intrusión en prisión provisional sus «nulas», porque no les informó «mínimamente» de los hechos de los que se les acusaba para que podrian ejercer su derecho de defensa. Si la sala no atiende a las cuestiones previamente planteadas en la vista de ayer y la pérdida, volverán a recurrir.
El resto de los procesados están representados por los abogados Alfredo Pereira, Raúl Montaño y Rosa Dorado.
Por su parte, el impuesto defendió que los policías en los que sustentan los autos de las intervenciones y entradas y registros domiciliarios practicados basan en hechos «objetivos»como su aprehensión de drogas realizadas ha consumido en los supuestos puntos de venta de droga que regentaba el clan y los movimientos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes generadas en turno a ellos. «No hay ningún tipo de razón que lleve a la nulidad del procedimiento porque se dan todos los requisitos legales que hay en la jurisprudencia», aseguró el ministerio público, que negó que haya vulnerado el derecho de defensa de los acusados. En este sentido, dije que las escuchas se autorizaron por que había «indicators suficientes y fueron adaptados y proporcionados» y que los registros fueron «legítimos»Porque en los casos en los que no fueron los detenidos presentes fue porque no reconocieron las propiedades inspeccionadas como suyas.
El tribunal puede resolver este martes si estima o no las nullidades presentadas por las defensas o dejará su decisión para sentencia.
Una sala abarrotada, una incomparecencia y más presencia policial
En el salón de actos de la Audiencia Provincial de Badajoz encontrará que coloque este más bancos para poder acoger a los acusados en el macrojuicio por tráfico de drogas. Hay 30 procesos, pero sentir 29 en el banquillo. Uno de ellos no compareció, según su abogado, por motivos de enfermedad, circunstancia que se comunicó al letrado a última hora. El magistrado presidente requirió un informante médico que justificase su ausencia y plantó que, en caso de que no pueda asistir por estar convaleciente, cabría la posibilidad la suspensión para este imputado, pero no para el resto por lo complejo de la organización o bien, que el juicio comience y este investigado acuda cuando su abogado considere que su presencia es esencial.
También debido al número elevado de procesadores la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tanto en el exterior de los juzgados, donde duree toda la mañana permanecieron varios agentes y un furgón policial, como en los accesos, el vehículo y en la propia sala de la Audiencia Provincial. No se produjo ningún tipo de incidente. Todos los procesados esperaron en la puerta del edificio a ser llamados para entrar al juicio, cuyo inicio se retrasó alrededor de una hora y media porque uno de los imputados tenía que ser trasladado desde el centro penitenciario, donde cumple condena por otros hechos ajenos a los que se juzgan ahora, y su llegada a los juzgados se demoró más de lo previsto.