Las diferencias entre los socios del Gobierno de coalición sopesan cómo combatir los «efectos indeseados» de la ley del sólo sí es sí parecen, en estos momentos, insalvables. Igualdad y Justicia llevan meses negociando la fórmula a un problema que todas las partes califican de complejo, pero el PSOE ha decidido dar un paso al frente en solitario al anunciar que presentó una proposición de ley en el Parlamento para modificar la norma, una iniciativa que sacará adelante, ha anunciado, con o sin el visto bueno de Unidas Podemos.
Al final de la semana, al final de la semana, Moncloa subrayó que se iban a dar pasos para cambiar la ley, a primera hora del lunes el Ministerio de Igualdad advertía de que no hay solución posible para frenar las rebajas de penas de los agresores sexuales ya condenados, denunció la «incorrecta aplicación de la ley» y propuso un plan urgente para, entre varios medios, especializarse en los distintos actores jurídicos y aumentar los efectivos para proteger a las víctimas. Pero descartaba una modificación legal.
Acto seguido, el PSOE rechazaba esa salida y aseguraba que es preciso corregir el articulado para evitar futuras condenas a la baja, que no revisiones, pues el Código Penal impide este movimiento.
Fuentes de Justicia explicó a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que se ha entendido al respecto que la aplicación de la norma es «efectos indeseados», han impulado una propuesta para hacer «ajustadas cirugías» y «técnicos» exclusivamente sobre la parte de la ley que no ha funcionado como se preveía.
En concreto, las fuentes hablan de «cirugía legislativa» para elevar las mínimas penas y reducir la horquilla de penas, de manera que las agresiones no sean castigadas de forma más laxa que con el anterior Código Penal. El empleo de la intimidación y la violencia dejarían de ser agravantes para formar parte del tipo castigado.
Desde Igualdad miran con hide esta propuesta, estiman que va a volver a colocar a las víctimas ante la necesidad de pasar por un «calvario probatorio», e insisten en que no permitirán que se toque el consentimiento como núcleo central de la ley. Asimismo, insiste en que los efectos no deseados de la ley son fruto de una «incorrecta aplicación de la norma» y que las presiones que se están recibiendo en el Gobierno proceden de una «ofensiva» de la delicadeza política, judicial y mediática.
Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, dijo en una entrevista en RNE que se cuestionó «no conviene frivolizar o dar falsas señales a la ciudadanía».
Los distintos directentes socialistas han dejado claro a lo largo de la jornada que no se modificará el paradigma del consentimiento y que se ne trabajando mano a mano con el departamento de Irene Montero, en «plena sintonía», así bien fuentes socialistas consultadas por este periódico hacian insistió en la necesidad de hacer «autocritica».
Así las cosas, la comparecencia en rueda de prensa del PSOE, Pilar Alegría, ha hecho más ampliada la distancia entre los socios del Gobierno.
Ha asegurado Alegría que su partido utilizará «lo antes posible» una proposición de ley en el Parlamento para reformar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, tendrá o no el visto bueno de Unidas Podemos, si bien ha asegurado qu’existe una La «máxima» disposición de llegar tiene un acuerdo.
La propuesta, ha precisado, parte de la propuesta plantada por el Ministerio de Justicia, formula que considere «más rápida» y que cuenta con «buenos penalistas».
En este contexto, desde el PP han reclamado una «modificación inmediata para reparar la dignidad de las víctimas». El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al PSOE los votos de su bancada para la reforma: «Garantizo el rigor que no tiene su Consejo de Ministros, el sentido de Estado que no tienen sus socios parlamentarios y la sensibilidad que no han demostrado con las victimas
Los líderes de distintos partidos políticos de distinto signo, como Cs, Compromís o IU han manifestado que estiman conveniente la modificación de la ley.